En tiempos de alta incertidumbre regulatoria ambiental, con nuevas guías, reglamentos y leyes que incrementan la carga administrativa –sirva como evidencia la propia Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) y su seguimiento en los últimos diez años–, resulta especialmente útil observar lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, y cómo eso podría influirnos.

A nivel internacional, las reglas del juego están cambiando de forma decisiva la relación con comunidades indígenas. En este contexto, el International Council on Mining and Metals contempla un estándar de relacionamiento con los pueblos indígenas en agosto de este año, transitando de una obligación de medio (“seek to achieve consent”) a una obligación de resultado (“obtain consent”).Es decir, ya no basta con demostrar que se intentó obtener el consentimiento respecto de los impactos que ocasionan los proyectos mineros, sino que se debe documentar el proceso para obtener el consentimiento y sus resultados, acreditando diligencia, trazabilidad y buena fe.

Es interesante que este nuevo estándar traslade expresamente la obligación al ámbito empresarial, estableciendo que son las compañías –y no solo los Estados– quienes deben procurar obtener el consentimiento y demostrar que actuaron con debida diligencia, y de buena fe, incluso más allá de los requisitos formales de la autoridad.

El documento reafirma la obligación de procurar el consentimiento libre, previo e informado, pero también reconoce que pueden existir casos en los que éste no se alcance. Es acá donde hay que prestar atención. En tales situaciones, el estándar establece y detalla procedimientos claros y verificables –como el fortalecimiento del diálogo, la mediación o la adopción de salvaguardas adicionales–, con el fin de objetivar los esfuerzos esperados de las empresas y acreditar diligencia, trazabilidad y buena fe.

Por último, cabe destacar que esta Declaración obliga a todos los miembros del ICMM, entre ellos las principales compañías mineras internacionales que operan en Chile, incluida Codelco. Esto anticipa un interesante proceso de reflexión sobre el relacionamiento con las comunidades indígenas. Un tema de suyo complejo a nivel local e internacional, que pondrá a prueba la capacidad de empresas y autoridades para construir confianza más allá del cumplimiento formal.