Ampliamente conocida por su importancia en el mundo empresarial, la innovación se ha vuelto una marcada tendencia durante los últimos años, caracterizada por la creación de incentivos para su promoción e impulsada por la necesidad de crear valor para los consumidores y el mercado, y con ello abrirse espacio a nuevas oportunidades y formas de hacer negocios. Si bien no existe una única definición de este concepto, existe consenso respecto a que implica la implementación de cierto conocimiento novedoso y creativo y que genera valor. En línea con esta conceptualización, el Manual de Oslo, publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que propone directrices para recabar e interpretar datos de la innovación tecnológica, distingue cuatro tipos de innovación, es decir, áreas donde la mejora puede manifestarse: en el producto o servicio, en el proceso, en la estrategia de marketing y en la organización. Así, la innovación es un factor clave para lograr más y mejor competitividad y con ello contribuir al desarrollo económico del país.

Más desapercibida que la innovación en el sector privado, pero con una clara tendencia al alza, la innovación en el sector público ha estado ganando espacio en el debate y en la implementación de iniciativas que la promuevan. Si bien, prima facie, puede parecer que el Estado es un agente que, dada sus caracterización burocrática y rígida, limita u obstruye el desarrollo de la innovación, la creciente demanda en la oportunidad, calidad y disponibilidad de los servicios entregados por el Estado de cara a las necesidades de las personas, hace necesario plantearse cómo crear nuevas formas de generar valor público y satisfacer las demandas ciudadanas. De esta forma, la innovación pública aparece como una herramienta sumamente útil para hacer los procesos más eficientes y amigables al usuario ciudadano, fortaleciendo con ello, la confianza en las instituciones que componen la administración pública. Esa tendencia ha ido de la mano de una progresiva modernización del Estado como parte de la agenda pública desde los años 90’, que busca mejorar los servicios del Estado y que ha traído la digitalización de los procesos y de las formas de comunicación, lo que ha permitido hacer más disponible mucha información y conectar al Estado con la ciudadanía. De esta forma, la innovación pública se vuelve un paso necesario para que el Estado se modernice.

Una de las formas de dar espacio a la innovación pública ha sido mediante la creación de laboratorios, espacios de cocreación dispuestos por el gobierno, municipios o universidades para que diversos actores sociales puedan proponer y desarrollar ideas, además de generar redes.  Hoy en día, existen más de 30 laboratorios de innovación en América Latina y el Caribe. A nivel local, a inicios del año 2014 se crea lo que posteriormente sería el Laboratorio de Gobierno (LabGob), una agencia actualmente dependiente del Ministerio de Hacienda de Chile que busca promover el desarrollo y la implementación de soluciones innovadoras y basadas en evidencia para mejorar los servicios públicos de cara a las personas. El LabGob busca centrarse en el usuario mediante la participación y cocreación de soluciones por equipos multidisciplinarios. Así es como, por ejemplo, entre 2019 y 2022 se cocrearon procesos para aumentar el uso de canales remotos en la Tesorería General de la República, dado que al año 2018 un 64% de las personas usuarias no conocía esta alternativa, llegando a un 93,3% del total de trámites realizados en 2020 mediante este canal.

El LabGob actualmente ofrece tres servicios: (i) la Consultoría Ágil, a través de la cual las instituciones públicas postulan sus problemas y son acompañadas para resolverlos mediante la implementación de una metodología que combina los enfoques de la “innovación desde el diseño” y las mejores prácticas de la “gestión ágil”. En términos simples, la metodología consiste en explorar la institución e investigar el problema, para el cual se diseña una propuesta de solución. Luego, se desarrolla un piloto y se prueba, lo que permite recoger evidencia de su efectividad y realizar cambios en caso de ser necesario para finalmente implementar la solución en la operación completa; (ii) la Red de Innovadores Públicos, iniciativa que conecta a servidores públicos entre sí y con otros actores sociales para difundir herramientas de innovación pública y visibilizar experiencias y soluciones innovadoras. Lo anterior, se lleva a cabo mediante la implementación de una serie de instrumentos como encuentros presenciales o virtuales y talleres, charlas o cursos, entre otras iniciativas; y, (iii) el Índice de Innovación Pública, desarrollado conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, metodología que busca medir las capacidades de innovación de los servicios públicos, considerando como dimensiones los recursos institucionales habilitantes para la gestión de la innovación, las actividades y prácticas asociadas al desarrollo de iniciativas de innovación (teniendo en cuenta su nivel de formalización y madurez al interior de la institución), la colaboración y apertura en relación con la ciudadanía y otras instituciones públicas y privadas, así como los resultados (relacionados a la calidad de los servicios públicos y la experiencia de usuarios/as). Si bien podría hacerse una práctica obligatoria realizar esta medición de manera periódica para todos los órganos de la administración del Estado, existe un loable avance, pues actualmente se han sometido a evaluación bajo este índice importantes instituciones, tanto algunas que cuentan con un alto presupuesto y ejecutado de manera descentralizada (como FONASA o el SII) como otras que funcionan de manera centralizada (como la Dirección General de Obras Públicas).

En un mundo en el que la generación de conocimiento se ha visto incrementada por la interconexión de diversos grupos de interés facilitada por el acceso a internet, se requiere impulsar iniciativas e instituciones que entreguen valor público, como ocurre en el LabGob. La crisis del Covid-19 ha demostrado que vivimos en un mundo interdependiente y que las barreras entre lo nacional y lo internacional, entre lo individual y lo colectivo, y entre lo público y lo privado son permeables y situacionales. Considerando aquello, el LabGob se constituye como una excelente instancia no sólo para fortalecer vínculos entre el sector público y los actores sociales del mundo privado, la academia y la sociedad civil, sino también para servir de puente en la importación o escalamiento de soluciones a nivel regional y global.

‍